La provincia de Salta adhirió al esquema impulsado por el Gobierno Nacional de arancelamiento para prestaciones no urgentes y registró una caída del 99,97% en pacientes extranjeros atendidos, en su mayoría ciudadanos bolivianos. La medida busca poner fin a los llamados “tours sanitarios” y establecer un criterio de reciprocidad frente a países donde los argentinos no cuentan con condiciones al acceso al sistema de salud ni siquiera ante urgencias.
El Gobierno nacional reglamentó el procedimiento para la atención de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional. La medida establece un esquema diferenciado según la situación migratoria y busca ordenar el acceso a las prestaciones habituales, garantizando al mismo tiempo que ninguna persona quede sin asistencia frente a una emergencia.
Los residentes permanentes mantienen el acceso en igualdad de condiciones
La nueva normativa establece que las personas extranjeras con residencia permanente podrán utilizar el sistema público de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.
El objetivo es diferenciar esta situación de quienes permanecen en el país sin contar con una residencia permanente y utilizan prestaciones sanitarias de manera habitual.
Seguro médico o pago previo para quienes no tienen residencia permanente
Para los extranjeros sin residencia permanente, el nuevo procedimiento establece que deberán contar con un seguro de salud o abonar previamente las prestaciones cuando se trate de atención programada y no urgente.
De esta manera, los establecimientos sanitarios nacionales podrán contar con mecanismos específicos para facturar las prestaciones a las compañías aseguradoras o realizar el cobro directo cuando el paciente no tenga cobertura.
Las emergencias seguirán garantizadas
Uno de los puntos centrales de la medida es que las emergencias quedan expresamente exceptuadas de cualquier requisito de seguro o pago previo.
Ante una situación de urgencia, la atención no podrá ser rechazada ni condicionada por la nacionalidad, la situación migratoria, la existencia de cobertura médica o la posibilidad de realizar un pago.
Una vez superada la emergencia y estabilizado el paciente, las prestaciones posteriores podrán quedar alcanzadas por el régimen correspondiente.
Un nuevo esquema para administrar los recursos
La resolución también establece dos circuitos administrativos para los hospitales nacionales: uno destinado a gestionar las prestaciones cubiertas por seguros de salud y otro para los casos de extranjeros sin cobertura que deban afrontar directamente el costo de la atención.
El objetivo es que los establecimientos cuenten con herramientas concretas para administrar y recuperar los recursos utilizados en prestaciones no urgentes.
La reforma busca ordenar el sistema
La medida forma parte de la implementación de los cambios introducidos en la Ley de Migraciones y apunta a establecer reglas claras sobre el acceso de extranjeros no residentes al sistema sanitario nacional.
Con este nuevo esquema, el Gobierno busca garantizar la atención de emergencias para todas las personas, pero establecer mecanismos de cobertura o pago para las prestaciones habituales de quienes no cuentan con residencia permanente.
La reglamentación apunta así a ordenar el uso de los recursos públicos, diferenciar las situaciones migratorias y evitar que la atención sanitaria programada quede sin un mecanismo definido de financiamiento.
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