El paro docente convocado por CTERA mostró un acatamiento desparejo en toda el área metropolitana bonaerense y la Ciudad. Algunos establecimientos continuaron funcionando con normalidad mientras otros registraron la adhesión a la medida de protesta, generando una situación fragmentada en la prestación del servicio educativo.
Las autoridades provinciales impartieron instrucciones precisas a los inspectores para que no proporcionaran datos al personal verificador del Gobierno nacional. Esta indicación apuntaba a dificultar la recolección de información sobre la asistencia del personal docente que el Ejecutivo nacional realiza de manera sistemática.
El Gobierno nacional mantiene en funcionamiento un dispositivo de inspecciones dirigido a constatar que la presencia de empleados educativos no descienda por debajo del 75%. Este umbral operativo pretende asegurar que las escuelas puedan mantener servicios básicos funcionales a pesar de las medidas de fuerza.
La orden provincial de no facilitar información a los inspectores nacionales profundizó el enfrentamiento entre jurisdicciones, exponiendo los desacuerdos sobre la manera de gestionar conflictos laborales en educación. Mientras el Gobierno nacional insiste en garantizar mínimos operativos, las autoridades provinciales buscan proteger a los docentes que adhieren a las medidas de protesta.
En el territorio de la Ciudad y el conurbano, la realidad fue heterogénea: algunas escuelas funcionaron sin interrupciones, mientras que otras sintieron el impacto directo de la medida convocada por el sindicato mayoritario. Esta disparidad indica los desafíos de implementar medidas de fuerza coordenadas en un territorio fragmentado administrativamente.
La tensión persiste entre los actores involucrados, sin señales claras de resolución en el corto plazo.
Imagen: Jan van der Wolf / Pexels – Con informacion de Clarín
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