El presupuesto destinado a combatir inundaciones está siendo redirigido hacia las finanzas del Estado, incumpliendo así con el mandato legal que estableció ese fondo. La plata está; lo que no existe es la decisión de aplicarla en obras de infraestructura hídrica como corresponde.
Se trata de un fenómeno que refleja la tensión permanente entre dos necesidades que compiten: de un lado, equilibrar las cuentas públicas a corto plazo; del otro, ejecutar inversiones que requieren compromiso a largo plazo. En este caso, la primera prioridad está ganando.
El fondo fue creado con un propósito muy específico: financiar obras que prevengan y controlen inundaciones, un problema recurrente que azota a varias regiones del país, particularmente aquellas dedicadas a la producción agrícola y ganadera. Esa era la intención normativa clara.
Sin embargo, en la práctica, esos recursos terminan alimentando las necesidades corrientes del Tesoro. Esto permite que las autoridades presenten balances que lucen mejor en términos de déficit fiscal, mientras que, de facto, no avanzan las soluciones concretas que las comunidades afectadas requieren.
La paradoja de la situación es notable: no hay escasez de fondos. Los recursos existen, están identificados y disponibles en el sistema presupuestario. Lo que falta es la acción política de canalizarlos hacia aquello para lo cual fueron asignados originalmente.
Mientras tanto, las obras de contención siguen en suspenso, y las zonas vulnerables permanecen expuestas a riesgos periódicos de inundación. Se produce así un efecto dual: maquillaje de las cifras fiscales por un lado, e infraestructura postergada por el otro.
Imagen: Camilo Rueda Lopez / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural
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