El Gobierno nacional eliminó la participación de movimientos sociales y municipios en la gestión de los planes, tras denuncias por manejos discrecionales y falta de transparencia. Según Infobae, el juzgado de Luis Armella investiga 75 causas por extorsión a beneficiarios, vinculadas a “aprietes” para asistir a marchas y movilizaciones.
El Gobierno decidió eliminar el programa Potenciar Trabajo y retiró a intermediarios como movimientos sociales y municipios, que gestionaban los planes y demandaban unos 34 millones de dólares anuales. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Desde Capital Humano explicaron que “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”. Además, se eliminó la obligatoriedad de la presencialidad en las Unidades de Gestión para mayor transparencia.
La cartera señaló que la intermediación anterior “no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral… sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales… a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones”.
Norte Informa 
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