El empresario kirchnerista condenado por corrupción, habría intentado ceder bienes a su pareja desde la cárcel. Los fiscales piden extender restricciones patrimoniales a todos los condenados en la causa Vialidad.
La Justicia encendió las alarmas luego de que Lázaro Báez recibiera la visita de Claudia Insaurralde, su pareja, en el penal de Río Gallegos. La mujer fue sorprendida por personal penitenciario cuando intentaba ingresar un permiso de administración sobre bienes embargados, lo que podría vulnerar las medidas judiciales vigentes. El episodio despertó sospechas sobre una posible maniobra para eludir el decomiso de más de 600 millones de dólares en la causa Vialidad.
Si bien la defensa aseguró que se trataba solo de trámites legales para designar abogados, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola consideran que podría tratarse de un intento de vaciamiento patrimonial. El Ministerio Público Fiscal pidió que se refuercen las restricciones impuestas a Báez y se extiendan al resto de los imputados, incluida Cristina Kirchner. En el escrito remarcaron la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo del decomiso y evitar cualquier intento de transferencia de bienes que impida la restitución del dinero al Estado.
La causa Vialidad ya cuenta con condenas firmes, y el monto a recuperar supera los 684 mil millones de pesos. Mientras Báez cumplirá una pena unificada de 15 años por corrupción, la Justicia avanza con nuevas medidas para evitar que los responsables conserven bienes obtenidos mediante maniobras irregulares durante su paso por el Estado.
Norte Informa 
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